La necesidad de regular los Asuntos Públicos y a los lobistas

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La necesidad de regular los Asuntos Públicos y a los lobistas

¿Es positiva la acción humana, en general?

Recurriendo a la Historia como poetisa, podemos responder que sí. Y también podemos reponder que no lo es. Pues tenemos ejemplos que avalan una cosa y la contraria. Lo mismo ocurre con los “lobbies” o con la actividad relacionada con los profesionales de los Asuntos Públicos.

En su origen, son perfectamente buenos porque ¿acaso no es bueno juntarse con personas que quieren defender o tienen intereses en una causa común? Aunque es cierto que en la práctica, cuando su acción se vincula a actos reprobables y poco loables –que no ilícitos, pues hay que cuidarlos, ya que son profesionales de la “presión”–, dejan de ser tan positivos y acaban pervirtiendo una aspiración legítima, contemplada, por ejemplo, en la Constitución Española, en su artículo 22.

En cuanto a la regulación, es importante promover la igualdad de oportunidades en las decisiones públicas. Y hoy, en un mundo que quiere transparencia, es aún más necesario. El caso de España es singular, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo para legislar sobre este tema. 

Lo que exponen los partidos políticos al respecto

En las pasadas elecciones generales, en noviembre de 2019, solo el Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, llevaron en sus programas electorales esta necesidad de una manera explícita:

Partido Popular

  1. Aprobaremos una regulación de la actividad de los grupos de interés mediante el registro de profesionales y empresas, dando mayor transparencia a su acceso a políticos, legisladores y empleados de las Administraciones Públicas.

Podemos

  1. Regular los lobbies y hacer transparente su incidencia política. Cada vez que un lobby con intereses económicos se reúna con un cargo público o de un partido, altos cargos de la Administración, miembros del Gobierno, diputados o diputadas, senadores o senadoras o jueces y juezas de los altos tribunales, entre otros, la ciudadanía debe poder saberlo. Para la democracia española, resulta preocupante la capacidad de influencia de determinados intereses privados organizados en torno a grupos de presión para incidir en las normas jurídicas y en las decisiones de los poderes públicos, incluido el manejo de sus recursos

Ciudadanos

  1. Regularemos la actividad de los ‘lobbies’ o grupos de interés para garantizar la transparencia. Crearemos un Registro de Grupos de Interés y un Código de Conducta. Obligaremos a publicar las agendas de trabajo completas de todos los cargos públicos. Los proyectos normativos del Gobierno irán acompañados de un informe de “huella legislativa” que recoja los trámites e identifique los grupos de interés que hayan intervenido en las distintas fases del proceso.

 

Un año más tarde, en noviembre de 2020, PSOE y VOX coincidían en pedir en el Congreso más control con los lobbies. Además, sendos partidos urgían en la necesidad de regular los ‘lobbies’ o grupos de interés, de manera que se dé más transparencia a su “incidencia política”.

Qué está pasando ahora

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) escribió una carta al Ministro de Política Territorial y Función Pública, después de aprobar en la Asamblea General de Socios del pasado 3 de marzo un código de conducta para impulsar la profesionalización y buenas prácticas del sector del lobby en España.

La carta tuvo su efecto, pues el pasado 18 de marzo, publicó El Confidencial que Iceta quería aceler la ley que regulará a los ‘lobbies’ para tramitarla antes de lo previsto: “la decisión se la comunicó a principios de este mes el propio ministro a la APRI, tras avisarle esta lo urgente que es regular la problemática de los grupos de interés, que llevan en un vacío legal 30 años”.

El 24 de marzo, la APRI ha hecho público este nuevo código de conducta, en el que se refuerzan las exigencias de transparencia y comportamiento ético para los lobistas asociados. “Con este paso, APRI busca, ante la ausencia de una regulación de la actividad en España, y a través de la autorregulación, una herramienta eficaz para asentar el ejercicio del lobby en nuestro país y lanza un mensaje al Gobierno sobre la necesidad de su definitiva regulación.”

Por lo tanto, de momento, no se está siendo muy eficaz. Y como es ineficaz, hay poco espacio, apenas una puerta estrecha, para que se desarrolle esta profesión tan necesaria. Mientras nos autorregulamos pensemos en la pronta regulación, pero con la advertencia que tenemos de otras materias, como la educación o la sanidad, donde casi en cada esquina el ordenamiento es distinto. Y, por supuesto, sin caer en el error de una regulación excesiva en cuanto a tener que supervisar y controlar toda la actividad del lobista en sus relaciones con los poderes públicos, porque de ese modo la profesión quedaría reducida.

 

 

 

 

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